En esta coyuntura histórica que vive nuestro país, en la que se vislumbra en la sociedad civil un replanteamiento de su papel en la construcción de un orden social más justo y equilibrado, o por lo menos más consensuado; cabe realizar una breve comparación entre la escuela y la sociedad.

Se suele decir que el papel de la escuela es de preparar a los individuos para vivir en sociedad, algo así como “ir entrenado a los aspirantes a ciudadanos, para que su arribo a la sociedad no sea tan traumático”. No podemos en modo alguno estar de acuerdo con este planteamiento en tanto concibe a la escuela y a la sociedad como fenómenos excluyentes o cuando mucho estadios de un mismo proceso gradual irreversible. Consideramos contradictorio escindir a la escuela del resto de la sociedad, ergo esta, es considerada más bien, reflejo de aquella.

Si acogemos la premisa anterior de ver la sociedad como un reflejo de la escuela, o viceversa, bien cabría preguntarnos qué tipo de sociedad es la que queremos para nuestros hijos y conciudadanos y si lo que hacemos cotidianamente en nuestras aulas está en función directa con ese ideal.

El docente como agente y sujeto de cambio debe tener muy claro su papel en el aula. No concebimos a un educador que no tenga bien claro cuál es su función, o que considere que fue nombrado en ese puesto para “enseñar” a sus estudiantes cosas que ellos “no saben”.

Comencemos por replantearnos qué tipo de sociedad queremos: ¿Un modelo vertical, en el que una élite seudo-elegida toma decisiones, que van a causar repercusiones en toda la población? o un sistema más horizontal en el que las voces de las minorías se escuchen, las decisiones sean tomadas mediante mecanismos populares (léase referéndum, plebiscito, otros), y en donde los organismos multisectoriales formados por la sociedad  se conviertan en foros permanentes de discusión en cuanto al modelo democrático y de desarrollo que queremos para nuestra nación.

Si la respuesta es la última alternativa, preguntémonos ahora: ¿Quién toma las decisiones en el aula? ¿Promovemos grupos de discusión, en cuanto a la metodología que utilizamos, estimulamos la autonomía, la participación en la toma de decisiones, el diálogo?

Al retomar la premisa que nos trae a este planteamiento resulta lógico pensar que un docente que no promueva estos mecanismos democráticos en el aula, no puede aspirar a “formar ciudadanos para una democracia” (Ley Fundamental de Educación, art. 2, inciso c).

Creemos en una democracia en el sentido etimológicamente estricto del término. Esto es, del griego dêmos, pueblo y kratos, autoridad; es decir autoridad o gobierno del pueblo. Si bien para lograr esto debemos reformar muchas partes de nuestro ordenamiento jurídico, mecanismos y reglamentos obsoletos de elección, deuda política, otros; desde las aulas los docentes tenemos el deber de crear conciencia en los estudiantes de que algo anda mal y que no es posible que sólo una clase, la élite gobernante, perpetúe la hegemonía política e ideológica de una nación ad vitam aeternan.

No sólo eso. Debemos reproducir en nuestras aulas nuestro ideal democrático: el estudiante debe sentirse como miembro importante de un grupo en el que se respira diálogo, se discuten asuntos relevantes, se proponen soluciones. Un ambiente en que el docente es un miembro más del grupo, al que por su edad, experiencia y estudio le ha correspondido dirigir. Un líder que Max Weber llamaría con autoridad carismática. Es decir, las cualidades individuales y personales del docente serán las que inspiren respeto y disciplina y no la tradición o la situación legal o racional.

Este modelo dialéctico, afectivo, democrático y en cierta forma ambicioso que proponemos, que comienza con los círculos de conversación, cada primer lección del día, círculos en que los estudiantes traen sus propios temas para ser discutidos por todos. Este enfoque que se alimenta de un cuestionamiento permanente de la supuesta verdad y el statu quo y que se nutre del carisma del docente para quien cada uno de sus estudiantes es una historia individual que él irá conociendo mediante el diálogo informal y amistoso. Esta “metodología”, por llamarle de algún modo, que con los estudiantes en estrecha relación osmótica con el docente le den sentido a la escuela; traerá consigo sin duda el surgimiento de personas críticas, y como diría el legislador en la Ley Fundamental de Educación (1957) “amantes de su patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales…” (art. 2, inciso a).  Todos los demás fines se alcanzarían por añadidura.

Si esto es así y el silogismo nos funciona, esperaríamos para las generaciones venideras una sociedad más justa y un modelo de desarrollo nacido de la particularidad de cada nación y no impuesto por organismo internacionales con el claro interés de perpetuar su hegemonía política e ideológica en el Orbe.

Sin embargo, como señalamos en otra ocasión este modelo de democracia no debe quedarse en las aulas, debe trascender y abarcar el ámbito institucional. Abogamos por la existencia en las escuelas primarias de lo que llamamos un Consejo de Docentes o Consejo Escolar, organismos en el cual se tomarían decisiones pertinentes a la administración, técnicas y por supuesto a lo referente al manejo de la autoridad con los alumnos, para evitar que esta radique exclusivamente en el poder de la jerarquía. La toma de decisiones en consenso, la posibilidad de discutir los problemas que aquejan a todo el personal con el propósito de encontrar soluciones comunes para todos y la posibilidad de que exista una realimentación real  en un proceso de diálogo, abriría los canales de comunicación y mejoraría las relaciones interpersonales entre la dirección y el resto del personal, lo que traería sin duda mejor clima de trabajo y mayor rendimiento profesional.

Pero, en manos de quién está producir ese cambio en nuestras escuelas para evitar la sentencia de Ivor Morrish quien afirmaba que: “Como cualquier otra burocracia la escuela puede convertirse en una máquina deshumanizada e impersonal”.

Estamos acostumbrados a recibir políticas de los más altos niveles de la burocracia estatal, que bajan inmutables muchas veces y tienden a disiparse al entrar en contacto con la realidad en que viven la mayoría de niños y jóvenes de nuestro país.

Creemos que ya es tiempo de organizar una verdadera reforma en nuestro sistema educativo. Que los currículos de las diferentes disciplinas no dependan más de ponencias fondomonetaristas y planetarizantes. Creemos en el surgimiento de un currículo endógeno, en que participen efectivamente todos los elementos, padres de familia, estudiantes, grupos organizados, muchos otros.

No podemos permitir que se siga “sacrificando la justicia en los altares del orden” como diría Eduardo Galeano. No concebimos que mientras que existen escuelas públicas conectadas a Internet, TV. por satélite y todo tipo de servicios, otras no tengan ni siquiera los derecho básicos de agua, luz eléctrica o servicios sanitarios dignos.

No cabe duda, que la verdadera democracia de nuestros pueblos debe empezar por la Educación, en todos sus niveles, comenzando desde el aula, la Institución y por supuesto el ámbito nacional.

Pero este proceso debe nacer desde adentro. Empezando por la base hasta llegar a la cabeza. Sólo de esta manera en la que el pueblo sea quien decida cómo quiere que sea su formación y cuál su modelo de desarrollo, es como podremos mantener nuestra identidad en un mundo que nos quieren presentar globalizado. De otra forma, corremos el riesgo de perdernos como un grano de arena más en la inmensa playa que es nuestro planeta.

Ciudad Quesada, julio del 2000.

Mauricio Jiménez   Alvarado

maujimalva@gmail.com

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